Democracia Viva se niega a devolver los $400 millones y recurre a la justicia

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Democracia Viva se enfrenta al Gobierno y se niega a devolver los fondos

A pesar de que el plazo para la devolución de los casi $400 millones exigidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha vencido, la Fundación Democracia Viva ha decidido recurrir a la justicia para evitar cumplir con la orden del Gobierno.

La polémica surge a raíz de tres convenios realizados entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, los cuales han sido criticados por posibles irregularidades. Estos convenios suman un total de $426 millones, de los cuales solo un 8% ha sido rendido.

La Fundación presenta recursos legales para evitar la devolución

Ante la presión del Ministerio de Vivienda, el ministro Carlos Montes otorgó un plazo de 30 días para que Democracia Viva devolviera los fondos no rendidos, que ascienden a $391,8 millones. Sin embargo, la organización ha presentado un recurso de reposición y un recurso jerárquico, los cuales están siendo evaluados por la autoridad regional.

En su escrito, la Fundación expresa su desacuerdo con las observaciones realizadas sobre las rendiciones de los convenios, alegando que estas serán evaluadas dentro del contexto de los recursos presentados. A pesar de esto, el Ministerio de Vivienda ha dejado claro que el plazo para la devolución de los fondos sigue vigente y que insistirán en que se cumpla con la orden.

El Ministerio de Vivienda insiste en la devolución de los fondos

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo han manifestado que la Fundación Democracia Viva se niega a devolver los fondos, alegando que están evaluando los recursos presentados. Sin embargo, han dejado claro que harán todo lo posible dentro de la ley para que se cumpla con la devolución de los recursos entregados.

Conclusión

La Fundación Democracia Viva ha decidido enfrentar al Gobierno y no devolver los fondos exigidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A pesar de los recursos legales presentados, el Ministerio insiste en que se cumpla con la orden de devolución. El desenlace de esta situación aún está por verse, pero sin duda generará un importante debate sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos.

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