En ausencia de una nueva Ley de Presupuesto para 2025, el Gobierno tendrá un amplio margen de maniobra para reasignar recursos por decreto. Según los cálculos, alrededor de $25 billones quedarán a su entera discrecionalidad, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del total de gastos previstos.
Esta situación se debe a que, en caso de no aprobarse una nueva ley presupuestaria, regirá la prórroga del Presupuesto 2023 con algunos ajustes obligatorios. Esto implica que el Ejecutivo podrá modificar la distribución de los créditos presupuestarios a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), sin estar sujeto a las restricciones del Congreso.
Los rubros más sensibles
Dentro de este margen discrecional, existen partidas particularmente sensibles que el Gobierno podrá manejar a su criterio:
Subsidios a la energía y el transporte
El proyecto de Presupuesto 2025 preveía $4,1 billones para subsidios energéticos y $2,2 billones para el transporte público. Estos montos podrían ser recortados aún más, lo que implicaría mayores aumentos en las tarifas para los usuarios.
Cobertura del PAMI
El PAMI está en el ojo del huracán, por la decisión del Ejecutivo de recortar la cobertura en medicamentos.
No obstante, el proyecto de ley de 2025 contemplaba un incremento del 0,4% real en los recursos para esta área, lo que contrasta con el ajuste del 15% aplicado en 2024. Estos $2,9 billones también quedarán a disposición del Gobierno.
Negociación con las provincias
Otro rubro sensible son las transferencias a las provincias, tanto corrientes ($2,8 billones) como de capital para obras ($4,3 billones), que suman $7,1 billones y podrán ser repartidos con mayor discrecionalidad.
Implicaciones y riesgos
La ausencia de una nueva Ley de Presupuesto y la prórroga del texto de 2023 profundizan la autonomía del Ejecutivo para recortar o reasignar recursos, especialmente en un año electoral. Esto plantea desafíos en términos de transparencia y rendición de cuentas, ya que el Congreso tendrá un rol más limitado en la supervisión del gasto público.
Además, la posibilidad de modificar discrecionalmente partidas sensibles como subsidios, cobertura de salud y transferencias a las provincias, podría generar tensiones políticas y sociales, al tiempo que afecta la previsibilidad y la planificación a mediano plazo.
En definitiva, el Gobierno tendrá una amplia capacidad de maniobra en el manejo del Presupuesto 2025, lo que plantea desafíos en términos de equilibrio de poderes, transparencia y estabilidad económica.
