Javier Milei, el actual presidente de Argentina, ha presentado una nueva propuesta de reforma política que busca modificar de manera radical el sistema de partidos en el país. Esta iniciativa retoma algunas ideas planteadas anteriormente y agrega nuevos elementos que, de ser aprobados, tendrían un importante impacto en la representación política.
Requisitos más exigentes para los partidos políticos
La reforma propuesta por el gobierno de Milei apunta a endurecer los requisitos para el reconocimiento jurídico de los partidos políticos, tanto a nivel provincial como nacional. Por un lado, se aumenta el número mínimo de afiliados requeridos, pasando del 4% al 5% de los electores de cada distrito, con un tope máximo de 2 millones de afiliados en lugar del actual 1 millón. Esto implicaría un incremento significativo en la cantidad de firmas necesarias, especialmente en las provincias más pobladas.
Además, para obtener el reconocimiento como partido nacional, se exige que el partido tenga presencia en al menos 10 provincias, en lugar de las 5 actuales, y que la suma de sus afiliados represente al menos el 0,1% del padrón electoral nacional. Estas medidas podrían reducir drásticamente el número de partidos políticos con personería jurídica, de los 47 actuales a solo 17 que cumplirían con los nuevos requisitos.
Eliminación de las PASO
Otra propuesta clave de la reforma es la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se han utilizado en Argentina desde 2011. En su lugar, se plantea que cada partido, confederación o alianza electoral defina su propio mecanismo de selección de candidatos, pudiendo optar por métodos como la decisión dirigencial, internas cerradas o semiabiertas, o incluso primarias, pero sin financiamiento estatal.
Esta medida ha generado debates y propuestas alternativas, como la implementación de Primarias Abiertas y Simultáneas (PAS), que mantendrían la celebración de primarias, pero sin la obligatoriedad del voto ciudadano.
Cambios en el financiamiento político
La reforma también plantea modificaciones sustanciales en las reglas de financiamiento de la actividad política. Se propone derogar la normativa que establece el control patrimonial anual de los partidos políticos, eliminando así la fiscalización y rendición de cuentas ante la justicia electoral. Además, se eliminaría el financiamiento público de las campañas electorales y la asignación de espacios en medios de comunicación.
En su lugar, se elevaría significativamente el límite de aportes privados, tanto de personas físicas como jurídicas, pasando del 2% al 35% del total de gastos de campaña. Esto implicaría un modelo de financiamiento político con mayor preponderancia de los aportes privados, alejándose del equilibrio público-privado que se buscaba con las reformas anteriores.
Posibles consecuencias de la reforma
De aprobarse esta reforma, es probable que se observe una reducción en la cantidad de partidos políticos con reconocimiento jurídico, lo que podría generar una mayor concentración del poder político. Además, la eliminación de las PASO y la mayor dependencia de los aportes privados en las campañas electorales podrían tener implicaciones en términos de la transparencia y la equidad del proceso electoral.
Es importante destacar que, si bien algunos de estos cambios entrarían en vigor de manera inmediata, otros tendrían un efecto más gradual, con un plazo de transición hasta mediados de 2026 para que los partidos políticos se adapten a los nuevos requisitos.
En resumen, la propuesta de reforma política impulsada por el gobierno de Javier Milei representa una transformación profunda del sistema de partidos en Argentina, con implicaciones que aún deben ser analizadas y debatidas por la sociedad y la clase política.
