El Congreso argentino se encuentra inmerso en un intenso debate sobre el alcance del decreto 62/2025, que modifica la reglamentación de la Ley de Identidad de Género en lo referente al acceso a tratamientos de hormonización y cirugías de reasignación de género para personas menores de 18 años.
La discusión gira en torno a la autonomía que tienen los adolescentes de 16 a 18 años según el Código Civil, y la necesidad de encontrar un equilibrio entre respetar sus derechos y garantizar su bienestar. Diversos especialistas en la materia han explicado que no se realizan cirugías de reasignación de género en menores, pero sí existen servicios de atención que preparan, contienen y acompañan a quienes buscan iniciar un proceso de hormonización.
Buscando un Enfoque Integral
El debate en la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados apunta a analizar el alcance del decreto y encontrar soluciones que protejan a los menores sin limitar sus derechos. Se busca un enfoque integral que considere las necesidades y particularidades de cada caso, con la participación de equipos interdisciplinarios que puedan evaluar la madurez y el acompañamiento necesario para cada adolescente.
Algunos expertos señalan que la hormonización temprana puede ser crucial para evitar problemas de salud mental y facilitar una transición más armoniosa. Sin embargo, también se reconoce la importancia de garantizar un proceso informado y acompañado, que cuente con el consentimiento de los menores y sus familias.
Buscando un Equilibrio
El desafío radica en encontrar un punto de equilibrio que respete la autonomía de los adolescentes, pero que también los proteja de posibles riesgos o decisiones apresuradas. La clave está en establecer protocolos claros, con la participación de profesionales de la salud y expertos en derechos humanos, que permitan evaluar cada caso de manera individualizada y garantizar el bienestar de los menores.
Este debate refleja la complejidad de abordar temas relacionados con la identidad de género y la salud de los adolescentes. Es fundamental que el Congreso logre una solución que respete los derechos de las personas trans y no binarias, al mismo tiempo que asegure la protección y el acompañamiento adecuado de los menores.
