Luego de años de disputas legales, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba finalmente habilitó el funcionamiento de la plataforma Uber en la capital de la provincia. Sin embargo, esto no significa un camino libre para la empresa, ya que se establecieron una serie de requisitos que Uber debe cumplir para operar legalmente.
Entre estos requisitos se encuentran la inscripción en organismos tributarios, la obtención de habilitaciones comerciales y la contratación de seguros de responsabilidad civil. Además, los conductores de Uber deberán acreditar su inscripción ante la AFIP, presentar certificados de antecedentes penales y tramitar seguros para el vehículo y los pasajeros.
Posturas Encontradas en el Concejo Deliberante
Ahora, el debate se ha trasladado al Concejo Deliberante de Córdoba, donde se enfrentan posturas muy diferentes en torno a la regulación de la actividad. Por un lado, el concejal radical Javier Favre aboga por una regulación adaptativa
que no desnaturalice el espíritu colaborativo de las aplicaciones. Por otro lado, el justicialista Marcos Vázquez pide generar condiciones de igualdad para asegurar el trabajo de los 6.000 taxistas y remiseros de la ciudad.
Las coincidencias parecen darse en torno a las medidas mínimas de seguridad, como la exigencia de pólizas de seguro, inspecciones técnicas vehiculares y límites de antigüedad de los autos. Pero persisten diferencias en aspectos como el esquema tarifario, el ploteo obligatorio de vehículos y la limitación de horas de trabajo.
Lecciones de la Experiencia en Buenos Aires
Como señala el economista Juan Manuel del Nido en su libro Taxis vs. Uber, la llegada de estas plataformas digitales pone en crisis el marco normativo tradicional, al operar bajo una lógica transnacional de mercado. Uber, en particular, aprovechó la fragmentación entre jurisdicciones e instalándose en zonas con menor control estatal.
Además, Del Nido destaca cómo Uber se impuso no solo por ser eficaz, sino porque su mera existencia fue asumida como deseable, inevitable y justa por una clase media urbana que sospechaba del sindicalismo y buscaba alternativas a los taxis tradicionales.
Por su parte, el libro Plataformas Digitales en la Ciudad, coordinado por la socióloga Susana Finquelievich, describe cómo estas empresas suelen aplicar una estrategia predatoria: ofrecen precios competitivos inicialmente, pero luego los aumentan o segmentan, dejando a los usuarios sin opciones asequibles.
Hacia una Regulación Equilibrada
Frente a este desafío, los gobiernos locales se encuentran en la primera línea de la regulación, buscando marcos normativos experimentales que equilibren la innovación y la protección de los actores tradicionales. Córdoba, al igual que otras ciudades, deberá encontrar soluciones que aseguren un piso de seguridad para los usuarios, sin favorecer indebidamente a ningún grupo de empresas de transporte.
La respuesta a este fenómeno global no puede ser meramente municipal. Se necesitan estándares comunes que eviten que las grandes tecnológicas sigan encontrando resquicios para instalarse en los mercados menos regulados, en una carrera hacia el abismo.
