El acuerdo firmado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no representa una hoja de ruta consensuada, sino que expone profundas divergencias entre ambas partes. Mientras el organismo internacional presiona por un ajuste externo y una acumulación sostenida de reservas que asegure el pago de la deuda y baje la incertidumbre, el Gobierno apunta a contener el tipo de cambio y minimizar el impacto político de una posible devaluación que acelere la inflación en el actual año electoral.
Las características técnicas del acuerdo dejan en evidencia estos desacuerdos de fondo. Por un lado, el establecimiento de bandas cambiarias muy amplias, que deberían brindar flexibilidad limitada y previsibilidad al sector privado, genera más incertidumbre que certezas. Contemplan tanto la posibilidad de apreciar (como quiere el Gobierno) como de una devaluación de 30% (más cerca de las intenciones del FMI para realizar el ajuste externo). Lejos de ser un ancla para el sistema de precios, su amplitud siembra dudas sobre la cotización de la moneda en el futuro cercano, impulsando la inflación ante cada salto del dólar.
Por otro lado, la salida del cepo cambiario se entiende como una medida promovida por el Poder Ejecutivo como parte de su relato económico y como contrapeso de la devaluación hacia la opinión pública. Esta medida, más política que económica, busca amortiguar el malestar por la devaluación, aunque su implementación incrementa las presiones sobre el mercado y complica la estabilización del tipo de cambio oficial hacia adelante.
Las contradicciones entre el texto del acuerdo y los mensajes públicos del oficialismo alimentan el desconcierto. Un ejemplo es la meta de reservas. Si bien se pactó un cronograma ambicioso bajo el cual el Banco Central iba a ir acumulando dólares, el propio ministro de Economía lo descartó públicamente al afirmar que no es una prioridad de la gestión. Lo mismo sucede con el compromiso sobre la administración de las bandas, donde el Gobierno intenta evitar un salto brusco del dólar, aunque las herramientas disponibles hoy son mucho más limitadas que en el pasado.
La estrategia de la administración Milei-Caputo es riesgosa y opera en un terreno aún incierto. El Gobierno parece haber optado por aprovechar los meses de mayor calma cambiaria no para acumular reservas, como sugiere el FMI, sino para contener el valor del dólar y evitar una aceleración inflacionaria. A cambio, apuesta a que ingresen capitales suficientes para sobrellevar el bache estacional del segundo semestre y llegar con algo de aire a las elecciones. Sin embargo, sin un marco macroeconómico sólido, la entrada de capitales financieros será volátil y de corto alcance.
La contención del dólar como estrategia para controlar la inflación se mantiene como el principal objetivo político y económico del oficialismo. En el marco de las tensiones crecientes, en los próximos meses, las señales de apoyo externo podrían no ser suficientes. El Gobierno necesitará algo más que declaraciones para sostener la estabilidad.
