El Gobierno argentino celebra haber reducido casi un 10% la planta de trabajadores estatales durante sus primeros 17 meses de gestión, desvinculando a casi 48,000 empleados públicos. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación, ha generado debates sobre su impacto en los servicios públicos y las condiciones laborales.
Reducción de Personal en la Administración Pública
Según datos oficiales, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, la Administración Pública Nacional (APN) redujo su personal en un 13.7%, mientras que en las empresas estatales la disminución alcanzó el 16.4%. Esto se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por reducir el gasto público y optimizar la eficiencia del sector estatal.
Reclamos Laborales y Conflictos
La reducción de personal ha generado tensiones y reclamos por parte de los trabajadores. En el caso del Hospital Garrahan, los empleados iban a realizar un paro total, pero el Gobierno dictó una conciliación obligatoria por 15 días. Los trabajadores denuncian atrasos salariales y recortes presupuestarios, con casos de enfermeros con 10 años de antigüedad que no alcanzan los 900,000 pesos de sueldo.
Además, en otras provincias, los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) han convocado a asambleas para analizar posibles medidas de fuerza ante el incumplimiento de acuerdos salariales por parte de las empresas.
Impacto en la Calidad de los Servicios
La reducción de personal plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para mantener la calidad y cobertura de los servicios públicos. Expertos advierten que, si no se acompaña de una reestructuración y optimización de procesos, podría generar cuellos de botella y afectar la atención a la ciudadanía.
Desafíos Pendientes
Más allá de los recortes, el Gobierno deberá abordar otros retos, como la resolución del conflicto por la muerte de Diego Maradona, donde el tribunal definirá si se anula o retrocede el juicio, y la situación en Gaza, donde Israel afirma haber matado al líder de Hamas.
En resumen, la reducción de la planta estatal en Argentina es una medida controversial que genera debates sobre sus implicaciones a corto y largo plazo. Será clave monitorear cómo se gestionan los reclamos laborales, se preserva la calidad de los servicios y se abordan otros desafíos pendientes en la agenda gubernamental.
