Argentina, un país que se ha jactado de ser una tierra de puertas abiertas, se enfrenta a un giro inquietante en su política migratoria. El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025 del gobierno de Javier Milei ha desatado una ola de preocupación y rechazo entre las comunidades migrantes y los defensores de los derechos humanos.
Un Ataque a la Diversidad
El DNU, promulgado sin el debido proceso democrático, redefine al migrante como una “amenaza” y un “riesgo a contener”, desnaturalizando el derecho a migrar. Bajo el pretexto de la “seguridad” y la “eficiencia”, se imponen nuevos requisitos y restricciones que ponen en jaque el acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación.
Según Raisha Correa, abogada e investigadora peruana, este giro no es casual: “Hay un discurso que lo respalda y una sociedad que lo avala”. La estigmatización y la criminalización de los migrantes, especialmente aquellos provenientes de países limítrofes, se han vuelto cada vez más frecuentes y sofisticadas.
Salud y Educación en Riesgo
El DNU generaliza un modelo de exclusión sanitaria, atando el acceso pleno a la salud pública a la residencia permanente o la capacidad de pagar. Esto pone en riesgo a migrantes con enfermedades crónicas, como el VIH, que requieren tratamiento continuo.
En el campo educativo, el mito de que los migrantes son una carga fiscal se desmorona. Apenas el 3,9% de los estudiantes de grado en universidades públicas son extranjeros, y en posgrado, donde se paga arancel, el porcentaje llega al 9%.
La Ciudadanía a la Venta
Pero la reforma migratoria va más allá. Paralelamente, se crea una agencia dentro del Ministerio de Economía encargada de “promover la ciudadanía por inversión”, convirtiendo la nacionalidad en un bien transable. Como señala la abogada Angie Frezza, “si tenés dinero, la puerta está abierta. Si no, hacé la fila, llená los formularios, esperá los rechazos”.
La Lucha por los Derechos Migrantes
Ante este panorama, organizaciones de derechos humanos, migrantes y académicos se han unido para denunciar el carácter “no democrático, sin participación social ni política” de esta reforma. Abogados como Pablo Ceriani Cernadas advierten que el DNU vulnera el debido proceso y amplía de manera desmedida las causales de expulsión.
Activistas como Dhéo Carvalho, de la asociación Ciclo Positivo, resaltan que “la salud no tiene fronteras” y que los sistemas de salud y educación se construyen entre todos, independientemente del origen.
La batalla por la igualdad y la inclusión de los migrantes en Argentina se libra en las calles, los tribunales y los espacios de debate público. En un país que se enorgullece de su diversidad, esta reforma amenaza con borrar los avances logrados y retroceder a viejos fantasmas de la discriminación y la xenofobia.
