En un giro inquietante, el gobierno argentino ha promulgado un nuevo decreto que redefine la migración como una “amenaza” y restringe severamente los derechos de las personas extranjeras. Este movimiento, lejos de ser casual, se enmarca en un contexto de creciente hostilidad y discursos xenófobos que han encontrado eco en ciertos sectores políticos.
La migración, de derecho a privilegio
El decreto no solo desnaturaliza el derecho a migrar, sino que redefine al migrante como “ilegal”, atribuyéndole, sin evidencia, un peso desmedido en la crisis económica y social del país. Esto se traduce en medidas regresivas que vulneran derechos fundamentales, como el acceso a la salud y la educación.
Según Angie Frezza, abogada argentina, “esta reforma no es democrática, sin participación social ni política. El camino se iba marcando en las subas en los costos de regularización, discursos de exclusión, medidas regresivas en provincias”.
Salud y educación, en la mira
El acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales está en jaque. Salud y educación, dos de los pilares más sensibles, se ven amenazados por el nuevo decreto. Dhéo Carvalho, un brasileño que estudia y trabaja en el sistema de salud argentino, advierte que “la salud no tiene fronteras. No se queda en el país de origen, te acompaña”.
Paradójicamente, el sistema de salud también está sostenido por personas migrantes, quienes ahora podrían ver restringido su propio acceso a los derechos que ellos mismos garantizan.
La nacionalidad, un bien transable
Pero el decreto va más allá. En paralelo, se crea una agencia dentro del Ministerio de Economía encargada de “promover la ciudadanía por inversión”, una especie de fast track para quienes tienen capital suficiente. La nacionalidad se vuelve así un bien transable, una nueva mercancía en el escaparate neoliberal.
La lucha por la igualdad
Frente a este panorama, la comunidad migrante se organiza para defender sus derechos. Referentes como Verónica García Valeirón y Luisa Morales recuerdan que el acceso igualitario a la salud, la educación y el voto migrante son el resultado de años de lucha y organización.
Dhéo, Rai, Angie, Raúl, Luisa y Verónica coinciden en que este decreto no solo ataca a la población migrante, sino que interpela al conjunto de la sociedad. Porque lo que está en juego no es solo una norma, sino las reglas mismas del Estado de derecho.
En un país que se jacta de ser una tierra de puertas abiertas, este nuevo decreto amenaza con cerrar esas puertas y convertir a los migrantes en ciudadanos de segunda clase. La lucha por la igualdad y la defensa de los derechos humanos se vuelve, una vez más, imperativa.
