Argentina solía tener un sistema de salud público reconocido a nivel global por su desarrollo en recursos humanos, capacidad científica y orientación hacia el cuidado de los sectores más vulnerables. Sin embargo, desde 2024, este entramado de políticas públicas, instituciones y vínculos comunitarios enfrenta un proyecto explícito de desmantelamiento.
Lejos de un simple ajuste presupuestario, se trata de una voluntad destructiva que deslegitima lo público y desplaza al Estado de su responsabilidad como garante de derechos. Esta ofensiva sin precedentes plantea desafíos inéditos y obliga a documentar, interpretar y responder colectivamente frente a un drama que, hasta hace poco, parecía impensable.
La Medida del Desastre
A partir de 2024, se implementaron medidas de ajuste fiscal que incluyeron una reducción del 27% del gasto estatal y el despido de más de 30.000 empleados públicos. En el área de salud, esto se tradujo en la eliminación o desfinanciamiento de programas clave, y en una marcada caída de la ejecución presupuestaria en organismos fundamentales.
La combinación de recortes presupuestarios y reducción de personal dejó múltiples servicios públicos en situación crítica y aumentó las barreras para el acceso a la salud, especialmente en los sectores más vulnerables. Programas como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y el Instituto Nacional del Cáncer (INC) fueron discontinuados o gravemente afectados, dejando a miles de personas sin acceso a servicios esenciales.
Incluso el emblemático Hospital Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad del país, se vio obligado a enfrentar un déficit operativo, congelamiento de salarios, vacantes sin cubrir y sobrecarga laboral, lo que provocó la renuncia de más de 200 profesionales.
Cortar por los Más Débiles
Estas medidas no afectan a toda la población por igual. Su impacto se vuelve particularmente agudo en los grupos que ya enfrentaban barreras estructurales para el acceso a la salud, como adolescentes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o de alto costo.
La suspensión del Plan ENIA y los recortes en programas de salud sexual implican menos acceso a información, métodos anticonceptivos y espacios de consejería, con el consecuente aumento del riesgo de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. En los adultos mayores, la reducción del vademécum gratuito y el incremento del gasto de bolsillo afectan la continuidad de tratamientos crónicos.
Las poblaciones vulnerables, sin cobertura formal o en territorios rurales y periurbanos, sufren con mayor intensidad el achicamiento de operativos territoriales, el cierre de centros de salud y la judicialización del acceso a medicamentos.
Adiós a la Equidad
La eterna tensión entre unitarios y federales sigue influyendo en cómo abordamos la distribución de recursos y la construcción de equidad entre las distintas regiones. Estas inequidades son contundentes: el gasto en salud per cápita en las cuatro provincias que más invierten cuadruplica al de las que menos lo hacen, y el 72% de los profesionales de la salud se concentra en solo 4 de las 24 jurisdicciones del país.
Esta disparidad, sumada a las condiciones materiales desiguales de vida, tiene consecuencias dramáticas: la mortalidad materna en Santiago del Estero es casi siete veces mayor que en la Ciudad de Buenos Aires, y la tasa de fecundidad adolescente en Misiones es ocho veces más alta que en CABA.
Solo con un Ministerio de Salud fuerte se puede soñar con la equidad. La gobernanza en salud juega un papel esencial, implicando la creación de políticas públicas adecuadas y la capacidad de generar acuerdos efectivos entre las distintas jurisdicciones.
Aislados del Mundo
La decisión del gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) constituye un cambio de rumbo con consecuencias significativas. Más allá de los argumentos centrados en el ahorro presupuestario, esta medida implica la desvinculación de uno de los principales espacios de coordinación sanitaria internacional, en un contexto donde los desafíos en salud pública trascienden las fronteras nacionales.
La participación en la OMS no se reduce a recibir recomendaciones técnicas, sino que es un espacio de construcción política y científica colectiva, donde los países inciden en la elaboración de lineamientos globales. Renunciar a este espacio implica perder voz, representación e incidencia internacional.
Hasta Aquí Llegamos
En nombre del equilibrio fiscal y la eficiencia económica, se desmontaron programas sanitarios, se interrumpieron tratamientos, se dejaron vacantes sin cubrir y se eliminaron instancias de cuidado. Mientras, hay personas que mueren. No por falta de tecnología ni por desconocimiento, sino porque se optó por una disposición sacrificial frente al dios mercado.
Lo que está en disputa no son tecnicismos presupuestarios, sino una frontera política y ética: decisiones que configuran el tipo de sociedad que queremos habitar. Una sociedad más o menos comprometida con la equidad, más o menos permeada por lógicas que exigen sacrificios humanos en nombre de indicadores macroeconómicos.
La salud —como la vida— no se sostiene en soledad. Hoy, el Estado que debería cuidarnos, nos expulsa. Aquel que debería garantizar derechos, los convierte en bienes escasos. Es hora de reconstruir un sistema público de salud sólido, que proteja a todos por igual y nos permita enfrentar los desafíos sanitarios del presente y del futuro.
Al hospital Garrahan no van solo las familias más humildes. Si tu hijo/a tiene una enfermedad rara también es tratado en este hospital de referencia. No crean que por tener prepaga no podrían necesitarlo alguna vez.
— Carolina 💚 (@CaroBucco) May 27, 2025
Guadalupe Pérez, Jefa de Infectología del Hospital Garrahan:
“La mitad de los pacientes con cáncer del país se atienden acá. Hay 30 mil internaciones al año. No dimensionan que no hay otra institución pública o privada que pueda reemplazar al Garrahan. Me da escalofríos… pic.twitter.com/okNBEnJ2eC
— Eva TV (@evaenvivo) May 28, 2025
