Argentina, considerado históricamente un país de inmigrantes, se enfrenta a una nueva realidad con la reciente reforma migratoria impulsada por el gobierno de Javier Milei. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025 ha desatado una ola de preocupación y rechazo entre la comunidad migrante y los defensores de los derechos humanos, quienes advierten que esta medida representa un retroceso antidemocrático y una amenaza a la inclusión.
Un Ataque a la Diversidad y la Igualdad
El DNU 366/2025 se caracteriza por redefinir al migrante como una “amenaza” y un “riesgo a contener”, instalando un nuevo paradigma donde el control y la desconfianza reemplazan a la hospitalidad. Bajo el argumento de la “seguridad” y la “eficiencia”, se modifican leyes fundamentales como la Ley de Migraciones, la Ley de Ciudadanía y la Ley de Educación, afectando derechos básicos como el acceso a la salud y la educación.
Según Raisha Correa, abogada e investigadora peruana, este giro normativo no es casual, sino que responde a un discurso antiinmigrante que se ha intensificado en los últimos años, impulsado por la influencia de las políticas migratorias del norte global y la búsqueda de un “chivo expiatorio” por parte de los gobiernos de derecha.
Salud y Educación en Riesgo
Uno de los aspectos más preocupantes del DNU es su impacto en el acceso a la salud y la educación. El decreto establece que el acceso pleno a estos derechos quedará atado a tener residencia permanente o poder pagar, excluyendo a quienes se encuentren en situación migratoria irregular o precaria.
Dhéo Carvalho, un estudiante de Medicina brasileño que vive en Argentina, advierte que esta medida es una paradoja, ya que el sistema de salud también está sostenido por personal migrante. “La salud no tiene fronteras, y los derechos no pueden ser moneda de cambio”, afirma.
En el campo educativo, el mito de que los migrantes son una carga para el sistema también se desmorona. Según datos, solo el 3,9% de los estudiantes de grado en universidades públicas son migrantes, y en posgrado el porcentaje apenas llega al 9%.
La Lucha por la Inclusión
Frente a este panorama, organizaciones de derechos humanos, activistas migrantes y expertos en la materia se han unido para denunciar y resistir esta reforma. Angie Frezza, abogada argentina, afirma que “es tiempo de incomodar, de decir con todas las letras que esta reforma vulnera derechos, que rompe vidas y que traiciona nuestra historia también como país de puertas abiertas”.
La batalla por la inclusión de la población migrante en Argentina se libra en múltiples frentes, desde la movilización social hasta la disputa legal. Referentes como Verónica García Valeirón y Luisa Morales recuerdan que los derechos conquistados por los migrantes no han venido de arriba, sino de la organización y la articulación con los partidos políticos.
En este contexto, la participación política de la comunidad migrante adquiere una relevancia crucial. Si bien el voto migrante en las últimas elecciones de la Ciudad de Buenos Aires mostró una baja participación, la pregunta que ronda es por qué quienes fueron a votar eligieron al candidato de un gobierno que anunció medidas restrictivas.
La lucha por mantener a Argentina como un país de puertas abiertas y diverso no es solo tarea de la comunidad migrante, sino que interpela al conjunto de la sociedad. Porque lo que está en juego no es solo una norma, sino las reglas mismas del Estado de derecho.
