Argentina solía ser reconocida por su sistema de salud público, universal y gratuito, considerado un ejemplo en la región. Sin embargo, desde 2024, este entramado de políticas, instituciones y vínculos comunitarios enfrenta un proyecto explícito de desmantelamiento, con medidas que amenazan el derecho a la salud de todos los ciudadanos.
Recortes presupuestarios y reducción de personal han dejado múltiples servicios públicos en situación crítica, aumentando las barreras de acceso, especialmente para los sectores más vulnerables. Programas clave como el Plan ENIA y el Instituto Nacional del Cáncer fueron eliminados o desfinanciados, dejando sin atención a adolescentes y pacientes oncológicos.
El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad, se vio afectado por congelamiento de salarios, vacantes sin cubrir y sobrecarga laboral, lo que ha llevado a la renuncia de más de 200 profesionales. Esto se traduce en guardias hiper exigidas, mayor riesgo de errores y disminución de la capacidad de respuesta.
El Impacto Desigual
Estas medidas no afectan a toda la población por igual. Su impacto se vuelve particularmente agudo en los grupos que ya enfrentaban barreras estructurales para el acceso a la salud: adolescentes, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o de alto costo. Las poblaciones vulnerables, sin cobertura formal o en territorios rurales y periurbanos, sufren con mayor intensidad el achicamiento de operativos territoriales y el cierre de centros de salud.
Las inequidades regionales también se profundizan: el gasto en salud per cápita en las cuatro provincias que más invierten cuadruplica al de las que menos lo hacen, y el 72% de los profesionales de la salud se concentra en solo 4 de las 24 jurisdicciones del país. Esto se traduce en brechas dramáticas en indicadores como mortalidad materna, mortalidad infantil y prevalencia de enfermedades.
La Salud, un Derecho en Disputa
Sostener un sistema de salud público, universal y gratuito no es solo una cuestión técnica o administrativa, sino una decisión política y ética. Su debilitamiento impacta en la vida concreta de las personas, especialmente en aquellas más vulneradas.
La salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) introduce un factor de aislamiento que debilita la capacidad de respuesta del sistema de salud público, erosionando su calidad y equidad. La salud es un bien colectivo que exige colaboración internacional, algo que esta medida contradice.
En nombre del equilibrio fiscal y la eficiencia económica, se han desmontado programas sanitarios, interrumpido tratamientos y dejado vacantes sin cubrir. Esto implica una disposición sacrificial que jerarquiza vidas, donde algunas se consideran costeables y otras prescindibles.
Lo que está en disputa no son tecnicismos presupuestarios, sino una frontera política y ética: decisiones que configuran el tipo de sociedad que queremos habitar, más o menos comprometida con la equidad. La salud no se agota porque más personas la usen, y solo puede garantizarse si hay una decisión colectiva de hacerlo posible a través del Estado y las políticas públicas.
Al hospital Garrahan no van solo las familias más humildes. Si tu hijo/a tiene una enfermedad rara también es tratado en este hospital de referencia. No crean que por tener prepaga no podrían necesitarlo alguna vez.
— Carolina 💚 (@CaroBucco) May 27, 2025
Guadalupe Pérez, Jefa de Infectología del Hospital Garrahan:
“La mitad de los pacientes con cáncer del país se atienden acá. Hay 30 mil internaciones al año. No dimensionan que no hay otra institución pública o privada que pueda reemplazar al Garrahan. Me da escalofríos… pic.twitter.com/okNBEnJ2eC
— Eva TV (@evaenvivo) May 28, 2025
