Argentina, considerado históricamente un país de puertas abiertas para los migrantes, se enfrenta a un giro radical en su política migratoria. El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025 del gobierno de Javier Milei ha desatado una ola de preocupación y rechazo entre las organizaciones de derechos humanos, la comunidad académica y los propios migrantes.
Un Ataque a los Derechos Fundamentales
El DNU, aprobado sin respetar los canales legislativos y sin sustento empírico, redefine al migrante como una “amenaza” y un “riesgo a contener”. Esto se traduce en la modificación regresiva y antidemocrática de cuatro leyes nacionales clave: la Ley de Migraciones, la Ley de Ciudadanía, la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Superior.
Bajo el argumento de la “seguridad” y la “eficiencia”, el decreto impone nuevos requisitos para la residencia permanente, amplía las causales de expulsión y reduce los plazos de apelación, vulnerando el debido proceso. Además, condiciona el acceso a la salud pública y la educación superior a la posesión de residencia permanente, lo que afecta de manera desproporcionada a la población migrante.
Impacto en la Salud y la Educación
Según datos del censo de 2022, los migrantes representan apenas el 4,2% de la población argentina. Sin embargo, este grupo aporta significativamente al sistema de salud: el 50% accede a la atención médica a través de sistemas de medicina prepaga, y el 5,4% de los servicios de salud son prestados por migrantes. La paradoja es que, bajo esta nueva normativa, podrían ver restringido su propio acceso a los derechos que ellos mismos garantizan.
En el campo educativo, el mito de que los migrantes son una carga para el sistema se desmorona. Solo el 3,9% de los estudiantes de grado en universidades públicas son extranjeros, y en posgrado el porcentaje apenas llega al 9%. Aun así, el DNU insiste en que “alguien tiene que pagar” por la educación pública, y ese “alguien” serían los migrantes.
La Migración como Chivo Expiatorio
El DNU no es solo una herramienta jurídica, sino un relato que retoma los viejos lugares comunes: el migrante como sospechoso, el extranjero como carga. Bajo este discurso, se busca culpar a la población migrante de la crisis económica y social que atraviesa Argentina, cuando en realidad esta tiene un proceso histórico mucho más complejo.
Según la abogada e investigadora peruana Raisha Correa, este giro antinmigrante comenzó a tomar fuerza con el efecto espejo de las elecciones en Estados Unidos. El gobierno argentino, entusiasmado con la eficacia discursiva de Donald Trump, encontró en el rechazo al migrante un recurso político útil.
La Respuesta de la Comunidad Migrante
Ante este panorama, la comunidad migrante y las organizaciones de derechos humanos se han movilizado para denunciar y resistir esta reforma. Abogados como Angie Frezza advierten que “no es tiempo de tibiezas” y que es necesario decir con todas las letras que esta reforma vulnera derechos y traiciona la historia de Argentina como país de puertas abiertas.
Por su parte, activistas como Dhéo Carvalho, de la asociación civil Ciclo Positivo, recalcan que la salud y la educación son derechos humanos que no deben estar sujetos a condiciones migratorias. Ellos trabajan incansablemente para acompañar a la comunidad migrante y denunciar los casos de discriminación y vulneración de derechos.
La Batalla por la Igualdad
Esta disputa por los derechos de los migrantes interpela al conjunto de la sociedad argentina. Porque lo que está en juego no es solo una norma, sino las reglas mismas del Estado de derecho. Argentina se enfrenta a la disyuntiva de mantener su tradición de país de puertas abiertas o ceder ante los discursos xenófobos y las políticas de exclusión. La batalla por la igualdad y la no discriminación de los migrantes es, en última instancia, una batalla por los valores democráticos y la justicia social.
