En un movimiento estratégico, el Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial el Decreto 383/2025, una reforma integral de la Policía Federal argentina. Esta medida tiene como objetivo principal reorientar a la fuerza hacia la investigación enfocada en detectar delitos federales complejos y en la desarticulación de organizaciones criminales.
Según el decreto, la nueva misión de la Policía Federal será tener mayor autonomía para perseguir estos delitos sin depender exclusivamente de solicitudes de la Justicia. Ahora, podrán registrar y calificar a las personas dedicadas a actividades que la policía debe reprimir, así como realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, como redes sociales, sin necesidad de autorización judicial.
Más Herramientas para Combatir el Crimen Organizado
Esta reforma busca dotar a la Policía Federal de mayores facultades y recursos para hacer frente a la creciente amenaza del crimen organizado a nivel federal. Según especialistas, ahora la fuerza podrá investigar no solo a solicitud de la Justicia, sino también del Ministerio de Seguridad.
La medida también deroga las funciones y atribuciones relacionadas con la seguridad local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que sugiere una reorientación estratégica de la Policía Federal hacia delitos de mayor complejidad y alcance nacional.
Reacción Política y Expectativas
La reforma de la Policía Federal ha generado reacciones encontradas en el espectro político. Mientras que Javier Milei y Patricia Bullrich han convocado a una conferencia de prensa para presentar y respaldar la medida, otros sectores han expresado preocupación por el potencial abuso de poder y la falta de controles adecuados.
En cualquier caso, esta reestructuración de la Policía Federal representa un cambio significativo en la estrategia de seguridad del Gobierno, buscando fortalecer la lucha contra el crimen organizado a nivel federal. Será crucial monitorear la implementación de esta reforma y su impacto en la efectividad de las fuerzas de seguridad y la protección de los derechos ciudadanos.
