Una nueva Policía Federal, modernizada y con atribuciones ampliadas. Agentes encargados de investigar y ciberpatrullar con discrecionalidad. Un Departamento Federal de Investigaciones (DFI), al mejor estilo FBI. Esto no es ficción, sino la realidad que se desprende del Anexo del Decreto 383/2025 publicado por el Poder Ejecutivo para modificar sustancialmente las funciones históricas de la fuerza, a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional comandado por Patricia Bullrich.
Para un gobierno que se jacta de ser anti-Estado, el énfasis en el poder represivo estatal podría parecer una paradoja. Pero no lo es, si se lee esta medida en tándem con otras que apuntan a vigilar, castigar y disciplinar a la población, precarizándola aún más.
Una Distopía Carcelaria
¿Es posible imaginar un futuro más distópico que este presente? Una Argentina con dos clases: los presos y las fuerzas de seguridad. Por fuera, un pequeño grupo gobernante que elige y reparte. La obra privada (no pública) y el negocio inmobiliario viran hacia la construcción de miles de cárceles distribuidas a lo largo del territorio nacional.
Se contratan arquitectos, ingenieros, físicos y matemáticos: todos profesionales de las ciencias duras; el resto es tildado de woke. Se sellan las frentes de artistas, intelectuales, sociólogos, politólogos, docentes y un gran etcétera, con las cuatro letras que forman la palabra en inglés. Todo woke debe cumplir su condena sin límite de tiempo en las nuevas cárceles.
En esta distopía futurista, el gobierno central genera, a través de la Inteligencia Artificial, una doble exacta de Patricia Bullrich, a quien se le asigna el flamante cargo de Excelentísima Ministra de Vigilancia Panóptica y se le exige vestir de riguroso uniforme militar, algo que ella acepta gustosa.
El Poder Represivo Desenfrenado
La promesa cumplida de Bullrich fue la de sacar las fuerzas de seguridad a las calles para frenar la protesta social. Policías de la Ciudad, de la Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura son las fuerzas federales a las que acude cuando la ocasión lo amerita.
Sobre ellas, la ministra realiza una defensa corporativa e indeclinable: lo hizo en el caso Chocobar, el policía que mató a un ladrón en plena calle; defendió a los gendarmes en el caso Santiago Maldonado y, más recientemente, en el caso del fotógrafo Pablo Grillo, a quien un gendarme hirió gravemente con un disparo de gas lacrimógeno.
El gatillo fácil es la práctica que se reivindica al decir “el que las hace las paga” o al amenazar sobre los riesgos de participar de cualquier manifestación en defensa de derechos constitucionales.
Frenos Temporales a la Represión
Hubo algunos frenos a la escalada represiva de Bullrich. El Poder Judicial, por ejemplo, liberó a los 114 detenidos en la marcha del 12 de marzo. Organismos de Derechos Humanos también la denunciaron penalmente.
Otro freno clave llegó desde las entrañas del gobierno, en una reunión secreta en Casa Rosada, donde se concluyó que el costo político era alto. Como resultado, el gobierno montó un operativo de seguridad espectacular y puso los dispositivos de inteligencia en alerta para la marcha del 19 de marzo.
Finalmente, el Poder Legislativo también intervino, recibiendo a personas reprimidas y testigos presenciales, y citando a Bullrich a dar explicaciones sobre el accionar de las fuerzas.
El Desenfreno Permanente
Sin embargo, estos frenos temporales no detienen el desenfreno de Bullrich. Apenas unos meses después, la ministra volvió recargada, con la firma del decreto 383 que amplía aún más las atribuciones de la Policía Federal.
La apuesta al punitivismo y al control de la ciudadanía parece ser la estrategia fundamental de este gobierno, que transforma al país en un gigantesco laboratorio de vigilancia y represión, donde la población es sometida a un régimen de control y castigo sin precedentes.
