La Justicia de Nueva York ha emitido una orden que sacude los cimientos de la soberanía argentina. La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, le ha ordenado al Gobierno argentino ceder el 51% de las acciones de YPF -todas las que posee el Estado- a los llamados “fondos buitre” como parte del pago del juicio por la nacionalización de la petrolera en 2012.
Pero esta no es una derrota definitiva para Argentina. El Gobierno ha anunciado que apelará la decisión, manteniendo su posición de defender los intereses nacionales. Axel Kicillof, el entonces ministro de Economía, ha sido señalado como el responsable por el diputado Javier Milei, aunque la decisión de nacionalizar YPF fue tomada por el Congreso.
La Batalla Legal Continúa
La orden judicial está en línea con la exigencia elevada a comienzos de este año de que Argentina brinde información sobre sus activos. La jueza Preska ya había rechazado en marzo el pedido del Gobierno para investigar los términos en que se llevó a cabo la nacionalización de la compañía.
Ahora, la magistrada ha respondido a la presentación de los demandantes -los fondos Burford y Eton Capital- para lograr cobrar el monto establecido en la condena, que permanece impago debido a que aún no hay una sentencia definitiva. En 2023, una sentencia en primera instancia determinó el pago de 16.100 millones de dólares.
Impacto en el Campo y la Economía
La decisión judicial también ha generado una reacción en el sector agropecuario. La Mesa de Enlace, que agrupa a las principales entidades del campo, ha emitido un comunicado quejándose ante el Gobierno por el aumento de las retenciones a la soja y el maíz, argumentando que el sector sufre una “presión fiscal asfixiante”.
Estos aumentos en las retenciones, que vuelven a los porcentajes previos a enero, se suman a otros ajustes que afectan a la ciudadanía, como los incrementos en la luz, el gas y el precio de los combustibles y el transporte público.
Implicaciones Más Amplias
Más allá de las consecuencias económicas, esta batalla legal tiene implicaciones geopolíticas y de soberanía nacional. La decisión de la jueza neoyorquina pone en jaque la capacidad del Gobierno argentino de tomar decisiones estratégicas sobre sus recursos naturales, lo que podría tener un impacto duradero en la relación entre Argentina y los acreedores internacionales.
En un contexto de creciente tensión global, la resolución de este conflicto será clave para determinar el margen de maniobra del país en el escenario internacional. La apelación del Gobierno será un paso crucial en la defensa de la soberanía argentina.
