La ola polar que azotó a Argentina este invierno ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema energético y la urgente necesidad de una transformación integral. Mientras los vecinos de Lugano denunciaban cortes de luz y agua, y los pediatras del Garrahan pedían refuerzos de mantas, la jueza estadounidense Loretta Preska sentenció que nuestro país debería entregar el 51% de YPF para saldar una deuda millonaria.
Esta crisis expone dos problemas interconectados: la vulnerabilidad de nuestra infraestructura energética ante los efectos del cambio climático y los ataques a la soberanía nacional sobre recursos estratégicos como YPF. Ambos ponen en riesgo la capacidad de Argentina para garantizar el acceso a la energía, un derecho fundamental para el bienestar de la población.
La fragilidad del sistema energético argentino
La demanda residencial de gas alcanzó un récord histórico de 100,3 millones de m³/día, un 25% por encima de los niveles habituales. Esto, sumado a las fallas técnicas por el frío extremo, generó múltiples problemas: caída de presión, cierre de circuitos, y reducción de la capacidad de las usinas térmicas, lo que provocó cortes de luz a más de 100.000 usuarios.
Estas interrupciones del suministro energético tuvieron un impacto devastador, con al menos 10 muertes por hipotermia e intoxicación por monóxido de carbono. La energía se convirtió en un vector de desigualdad, mientras shoppings y piletas climatizadas seguían funcionando.
La amenaza a la soberanía sobre YPF
En paralelo, el fallo de la jueza Preska que ordena a Argentina entregar el 51% de YPF a los fondos buitre pone en jaque la capacidad del país para definir su política energética. YPF es la principal operadora en Vaca Muerta, la fuente de gas que nos abriga cada invierno. Perder el control de esta empresa estratégica sería un golpe devastador para la seguridad energética nacional.
Esto beneficiaría a los grandes actores privados del sector, como Rocca, Mindlin y Bulgheroni, cuyas empresas dependen fundamentalmente de los subsidios y sociedades con YPF. En un contexto de crisis climática, necesitamos fortalecer el rol de YPF como empresa estatal líder, capaz de impulsar la transición energética y garantizar el acceso universal a la energía.
Hacia una gestión energética con justicia socioambiental
La ola polar es solo la punta del iceberg. A medida que los eventos climáticos extremos se intensifiquen, la fragilidad de nuestro sistema energético se hará cada vez más evidente. Es momento de repensar la energía como un derecho, y no solo como una mercancía sujeta a la lógica del mercado.
Esto implica fortalecer el rol estratégico de YPF, democratizar las decisiones sobre la energía, y priorizar la seguridad y el bienestar de la población por sobre los intereses de las grandes corporaciones. Solo así podremos construir un sistema energético resiliente, justo y sostenible, capaz de hacer frente a los desafíos del cambio climático.
