El paro total que sacude a la política y a Milei
En 150 días, tras desplegar un combo de medidas extremas, Javier Milei forzó al sindicalismo a jugar su carta más poderosa: el paro total. Es una medida que en la caja de herramientas del sindicalismo convencional aparece como el último recurso para el espadeo político. Un ancho de espadas, metaforizan en la CGT y abren un interrogante sobre el día después.
Sin diálogo oficial y con una negociación tercerizada –el capítulo laboral de la ley Bases se operó a través de Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, no de UxP– el ecosistema gremial apuesta a que el paro de hoy tenga doble impacto: que incomode al gobierno y en paralelo despabile a la casta que, reprochan en la CGT, está groggy frente al avance libertario.
Es una atropellada analógica contra un oficialismo que preserva razonables niveles de apoyo en la opinión pública, pero carece de músculo político real. En el paro de hoy chocan las dos dimensiones: la calle, donde se expresa la oposición que no consigue volumen en el Congreso –el punto más alto en masividad fue la marcha por la educación pública el 23 de abril–, y las redes, el territorio que prefiere Milei.
En una decisión polémica, el gobierno utilizó la app Mi Argentina para avisar que no habrá transporte público “debido a la medida de fuerza de la CGT” y para promover denuncias anónimas. Del nivel de acatamiento del transporte público dependerá, en esencia, la masividad o no del paro. Para los memoriosos, hay que remontarse al 96, segundo mandato de Carlos Menem, o al 2001, durante la presidencia de Fernando De la Rúa, para encontrar una medida de fuerza que registre tanto nivel de adhesión del sector sindical.
El día después
El calendario, quizá por mero azar, juega: en la CGT proyectan que si la medida tiene la adhesión que ellos estiman, el próximo paso estará en manos de la política, en particular con el tratamiento de la ley Bases en el Senado, sesión que está pautada para la semana próxima. Es permanente el contacto entre dirigentes gremiales y senadores –esta semana se reunieron con los de UxP- pero también con gobernadores.
El origen gremial de Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz, que tiene dos votos clave en la Cámara alta y un menú sensible de demandas para la Casa Rosada, es analizado en las oficinas de Azopardo como un indicio de cómo jugará frente a la ley Bases. La lupa de los últimos días sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), celebrado en las provincias del oeste, sumó incertidumbre. “Tiene que jugar la política”, dicen desde la trinchera sindical.
Citan, en el caso particular del peronismo, dos episodios. Uno referido a la visita que hizo, semanas atrás, Axel Kicillof a la CGT, en la que Pablo Moyano planteó que las tensiones internas del pankircherismo no debían alterar la estrategia general. “Entre nosotros tenemos muchas diferencias, pero en lo importante no sacamos los pies del plato”, avisó el líder camionero. En estos días, hubo un contacto entre Gerardo Martínez, de la UOCRA, sector en el que se registró una pérdida de empleo de entre 90 y 100 mil trabajadores, y Oscar Parrilli, que tiene oficina en el Instituto Patria y es un enlace con Cristina Kirchner. La expresidenta parece sistematizar sus apariciones públicas, como volvió a hacerlo este martes.
Frente a la ley Bases, a través Héctor Daer, José Luis Lingeri y Martínez, la CGT eligió un atajo para buscar reformas. “Si íbamos por UxP, el gobierno no iba a aceptar nada y es probable que los diputados de UxP tampoco estén dispuestos a ninguna reforma”, explicó una fuente sindical a Cenital para justificar la decisión de elegir como atajo a Pichetto. Lograron, por esa vía, reducir la reforma laboral de 58 a 16 artículos y, en particular, eliminar todo el capítulo referido a la dinámica y financiamiento de los gremios. Fue un movimiento bastante caótico. Inicialmente, Massot impulsó la propuesta, posteriormente Pichetto la retomó y la transmitió a Guillermo Francos, quien informó que la CGT había aceptado una reforma corta. La irrupción de Rodrigo De Loredo, que activó una propuesta que se gestó en la secretaría de Trabajo de Julio Cordero, chocó con la resistencia de Hacemos Coalición Federal (HCF). Martín Menem, sin margen, cedió y quedó en pie el plan Pichetto-Massot.
Los giros de la ley
En la CGT prevén que, aunque en el Senado se realice una votación general sobre la ley Bases, es inevitable que se introduzcan reformas que hagan que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados. Aspectos como el RIGI, Ganancias y, posiblemente, el capítulo previsional, recibirán cambios que obligarán a enviar nuevamente el texto a la Cámara de origen. Esto dará lugar a otro debate: ¿se mantendrá el acuerdo LLA-PRO-UCR-HCF para insistir en la ley original, o se aceptarán los cambios propuestos? Si el Senado rechaza parcialmente la propuesta, la CGT argumentará que dicho rechazo se debe, al menos en parte, al impacto del paro y su mensaje. Ese escenario supone, además, un obstáculo extra para el gobierno porque altera el calendario del Pacto de Mayo.
En otro carril, los gremios esperan que la medida de fuerza les permita, de mínima, generar una vía de diálogo institucional que hasta acá fue casi nula: una cumbre con Francos, que naufragó rápido por el DNU 70, y una cita en la que intervinieron además Nicolás Posse y Santiago Caputo, que tendió un puente muy poco transitado. En lo demás juega la política. Si el bloque que aprobó la ley en Diputados se mantiene unido, puede avanzar con la redacción original y dejar sin efecto las reformas que introduzca, eventualmente, el Senado. En caso contrario debería ocurrir algo todavía más curioso: que haya una nueva alianza, donde voten juntos UxP, HCF y parte de la UCR para, con el mandato de los gobernadores, aceptar los cambios introducidos por los senadores.
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