En un movimiento que ha sacudido el panorama político argentino, el presidente Javier Milei ha designado por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión unilateral tiene el potencial de abrir una nueva crisis política de grandes dimensiones para la Casa Rosada, que parece no estar preocupada por los posibles resultados negativos y solo ve el rédito político que le ha dado hasta ahora (y que espera que le siga dando) la política de los hechos consumados.
Para Milei, Lijo y García Mansilla ya son jueces supremos y así serán ubicados este sábado, cuando participen junto a los integrantes de la Corte en la apertura de sesiones ordinarias. Sin embargo, este partido se disputa en distintos escenarios, y el resultado dependerá de las decisiones que tomen no solo Milei, sino también Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, los gobernadores, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y de las articulaciones que puedan lograr entre sí.
La Aceptación de los Candidatos
La primera pregunta que surge es si ambos candidatos aceptarán asumir en la Corte Suprema tras una designación que terminará política y judicialmente discutida. Aunque García Mansilla había dicho en el Senado que no convalidaría un nombramiento por decreto, tanto él como Lijo dejaron trascender que aceptarán esta vía exprés que les tendió el presidente. Esto plantea una incógnita sobre cómo resolverá Lijo su situación de juez federal y a la vez juez supremo, ya que la Corte reclama que renuncie a Comodoro Py, mientras que él responde que apenas se tomará una licencia.
La Judicialización de las Designaciones
La segunda pregunta es si habrá una judicialización de las designaciones. En los pasillos del Palacio de Tribunales, no hay duda de que habrá planteos judiciales. Al igual que cuando Macri intentó lo mismo, es probable que algún ciudadano preocupado por la salud de la república solicite una medida cautelar. En 2016, el juez Alejo Ramos Padilla invalidó las designaciones de Rosatti y Rosenkrantz, argumentando que el mecanismo de designación de los jueces del máximo tribunal no era válido y afectaba principios básicos sobre los que se asienta la República.
La Correlación de Fuerzas en el Senado
Más allá de la vía judicial, el consenso es que será la correlación de fuerzas en el Senado la que defina la suerte de Lijo y García Mansilla. El peronismo advirtió en noviembre del año pasado que no está dispuesto a convalidar designaciones por decreto y que voltearía a los jueces que aceptaran esa vía. Hoy, el interbloque de Unión por la Patria tiene 34 senadores, a tres del quórum propio y de rechazar los pliegos en el recinto. Sin embargo, cabe preguntarse si el peronismo actuará y votará unido ante esta discusión, ya que algunas senadoras como Lucía Corpacci, Sergio Uñac y Claudia Ledesma Abdala firmaron para permitir que el pliego de Lijo obtuviera dictamen de comisión.
Las Resistencias a los Candidatos
Tanto Lijo como García Mansilla han cosechado resistencias en diferentes sectores. Lijo, por su bajo perfil y su historial como juez federal, mientras que García Mansilla ha sido cuestionado por su estrecha vinculación con el sector petrolero, su posición contraria a la presunción de constitucionalidad de las leyes y su rechazo a los tratados internacionales de derechos humanos. Estos antecedentes han generado preocupación en la comunidad jurídica y en organizaciones de la sociedad civil.
En resumen, la designación de Lijo y García Mansilla por parte de Milei ha desatado una crisis política de grandes proporciones, con múltiples actores en juego y un escenario incierto. La batalla por la Corte Suprema se librará en los pasillos del Congreso, en los tribunales y en la opinión pública, y su desenlace tendrá un impacto profundo en el futuro de la República Argentina.
