En una decisión histórica, la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba ha ordenado al Gobierno de Córdoba que presente y ejecute un plan integral de saneamiento del Lago San Roque, una reserva de agua clave para la región. La sentencia reconoce el daño ambiental causado al ecosistema y responsabiliza directamente a las autoridades provinciales y locales por su falta de acción.
Según informó la organización Fundeps, que inició la causa judicial, el tribunal ha dado un plazo de 30 días al Gobierno para presentar y poner en marcha este plan de recuperación. Entre las medidas requeridas se incluyen el cese inmediato de los vertidos contaminantes, la realización de auditorías ambientales exhaustivas y la participación activa de la ciudadanía en todo el proceso.
Un Ecosistema Amenazado
El Lago San Roque, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, es una reserva hídrica de vital importancia para la región. Sin embargo, durante años ha sufrido un deterioro progresivo debido a la contaminación y la falta de un manejo adecuado por parte de las autoridades.
Esta sentencia es un hito en la lucha por la protección de nuestros recursos naturales. El Gobierno de Córdoba no puede seguir ignorando el daño que se le ha causado a este ecosistema tan valioso
, afirmó la directora ejecutiva de Fundeps, Luciana Leiva.
Responsabilidad Compartida
La Cámara Contencioso Administrativa ha señalado que tanto el Gobierno provincial como el municipal de Córdoba son responsables por la situación del Lago San Roque. Ambas jurisdicciones deberán trabajar de manera coordinada para implementar las medidas de saneamiento ordenadas por la Justicia.
Esta decisión judicial representa un precedente importante en la lucha por la preservación del medio ambiente en Argentina. Establece que los Estados no pueden eludir su responsabilidad cuando se trata de proteger los recursos naturales de los que dependen las comunidades.
Hacia un Futuro Más Sostenible
La sentencia sobre el Lago San Roque es un llamado de atención para que las autoridades asuman un compromiso real con la sustentabilidad y el cuidado del patrimonio natural. Ahora deberán demostrar su capacidad de respuesta y trabajar de manera transparente y participativa para revertir el daño causado.
Este fallo judicial abre la puerta a nuevas oportunidades de colaboración entre el Gobierno, las organizaciones ambientales y la ciudadanía. Juntos, podrán encontrar soluciones innovadoras que garanticen la preservación a largo plazo de este valioso recurso hídrico.
