En un giro inquietante, el gobierno argentino ha promulgado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que redefine la política migratoria del país, atacando los derechos de las personas migrantes y convirtiendo la ciudadanía en un bien transable. Esta reforma, impulsada por el gobierno de Javier Milei, se presenta como una respuesta a supuestas amenazas, pero en realidad es un acto de poder que elige un nuevo enemigo interno con acento extranjero.
Desnaturalizando el Derecho a Migrar
El DNU 366/2025 modifica cuatro leyes fundamentales, entre ellas la Ley de Migraciones, de una manera regresiva, inconstitucional y profundamente antidemocrática. Se caracteriza al migrante como una amenaza, un riesgo a contener, instalando un nuevo paradigma donde el control prima sobre el derecho y la desconfianza reemplaza a la hospitalidad.
Bajo el argumento de la “seguridad, eficiencia y transparencia”, se imponen nuevos requisitos para acceder a la residencia permanente, como “acreditar medios suficientes para subsistir”, una ambigüedad que otorga un poder discrecional al Estado para decidir quién merece quedarse y quién no. Esto se traduce en una política clasista que castiga la pobreza y excluye a quienes no tienen recursos, en una lógica aporofóbica.
Salud y Educación en Jaque
El acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación también se ve gravemente afectado. El DNU generaliza un modelo de exclusión sanitaria, atando el acceso pleno a la salud pública a tener residencia permanente o poder pagar. Esto pone en riesgo a migrantes que trabajan en el sistema de salud y a quienes dependen de tratamientos crónicos, como aquellos con VIH.
En el campo educativo, el mito del “gasto excesivo” de los migrantes también se desmorona. Apenas el 3,9% de estudiantes de grado en universidades públicas son migrantes, y en posgrado el porcentaje llega al 9%. Aun así, el DNU insiste en que “alguien tiene que pagar” por estos servicios, y ese alguien es el migrante.
La Ciudadanía como Mercancía
Paralelamente, se crea una agencia dentro del Ministerio de Economía encargada de “promover la ciudadanía por inversión”, una especie de fast track para quienes tienen capital suficiente. La nacionalidad se convierte así en un bien transable, una nueva mercancía en el escaparate neoliberal.
Mientras tanto, la migración hacia Argentina ha descendido y los argentinos también se van, con cerca de dos millones residiendo en el exterior. Esta reforma migratoria no solo desnaturaliza el derecho a migrar, sino que también amenaza con expulsar a quienes ya se han establecido en el país.
La Lucha por los Derechos Migrantes
Frente a este panorama, voces como las de Angie Frezza, Dhéo Carvalho y Raisha Correa se alzan para denunciar la vulneración de derechos y exigir la derogación de este DNU. Ellos señalan que esta disputa interpela al conjunto de la sociedad, pues lo que está en juego son las reglas mismas del Estado de derecho.
La participación política de los migrantes también se ve afectada, con una baja participación electoral y el apoyo de algunos a candidatos que ahora amenazan sus derechos. Pero la lucha por los derechos migrantes no se detendrá, pues como señalan los activistas, ningún derecho les ha venido de arriba, sino que son el resultado de la organización, la insistencia y la articulación con los partidos políticos.
En un momento en que el pasado parece volver a golpear la puerta, la defensa de los derechos de las personas migrantes se convierte en una tarea urgente que interpela a toda la sociedad argentina.
