Argentina tenía un sistema de salud público que, a pesar de persistentes desigualdades, era un ejemplo en la región y reconocido a nivel global por su desarrollo en recursos humanos, capacidad científica y orientación hacia el cuidado de los sectores más vulnerables. Sin embargo, desde 2024, este entramado de políticas públicas, instituciones y vínculos comunitarios enfrenta un proyecto explícito de desmantelamiento.
La Medida del Desastre
A partir de 2024, se implementaron medidas de ajuste fiscal que incluyeron una reducción del 27% del gasto estatal y el despido de más de 30.000 empleados públicos. En el área de salud, esto se tradujo en la eliminación o desfinanciamiento de programas clave, como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y el Instituto Nacional del Cáncer (INC). Además, se registraron interrupciones en la entrega de tratamientos esenciales y faltantes generalizados de insumos básicos en hospitales públicos.
El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad, se vio gravemente afectado, con un déficit operativo de $31.000 millones en 2023 y la renuncia de más de 200 profesionales entre 2023 y 2025. Esto resultó en guardias hiper exigidas e imposibilidad de cubrir adecuadamente los turnos, lo que afectó la atención médica y aumentó el riesgo de errores.
Cortar por los Más Débiles
Estas medidas no afectan a toda la población por igual. Su impacto se vuelve particularmente agudo en los grupos que ya enfrentaban barreras estructurales para el acceso a la salud, como adolescentes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o de alto costo. La suspensión de programas clave, la reducción del vademécum gratuito y la interrupción de tratamientos aumentan los obstáculos geográficos y económicos que enfrentan estos sectores vulnerables.
“La mitad de los pacientes con cáncer del país se atienden acá. Hay 30 mil internaciones al año. No dimensionan que no hay otra institución pública o privada que pueda reemplazar al Garrahan. Me da escalofríos…”
Guadalupe Pérez, Jefa de Infectología del Hospital Garrahan
Adiós a la Equidad
La fragmentación del sistema de salud y la falta de mecanismos de articulación y compensación entre jurisdicciones han profundizado las desigualdades regionales. El gasto en salud per cápita en las cuatro provincias que más invierten cuadruplica al de las que menos lo hacen, y el 72% de los profesionales de la salud se concentra en solo 4 de las 24 jurisdicciones del país. Estas disparidades tienen consecuencias dramáticas, como tasas de mortalidad materna e infantil hasta siete veces mayores en algunas provincias en comparación con otras.
La verdadera rectoría del Ministerio de Salud implica la capacidad de generar acuerdos efectivos entre las distintas jurisdicciones y de asignar recursos de manera justa, respetando las particularidades de cada región. Numerosas iniciativas demostraron cómo una gobernanza efectiva puede traducirse en equidad y en acciones con impacto real y sostenible en la mejora de las condiciones de vida de toda la población.
Aislados del Mundo
La decisión del gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) implica la desvinculación de uno de los principales espacios de coordinación sanitaria internacional, en un contexto donde los desafíos en salud pública trascienden las fronteras nacionales. Esta medida debilita la capacidad de respuesta del sistema de salud público ante emergencias, limita el acceso a insumos estratégicos y reduce la voz y representación del país en la elaboración de lineamientos globales.
La participación en la OMS no se reduce a recibir recomendaciones técnicas. Se trata de un espacio de construcción política y científica colectiva, donde los países inciden en la elaboración de lineamientos globales a través de procesos de deliberación y consenso. Renunciar a este espacio implica perder voz, representación e incidencia internacional.
Hasta Aquí Llegamos
En nombre del equilibrio fiscal y la eficiencia económica, se desmontaron programas sanitarios, se interrumpieron tratamientos y se dejaron vacantes sin cubrir. Mientras, hay personas que mueren, no por falta de tecnología ni por desconocimiento, sino porque se optó por una disposición sacrificial frente al dios mercado, esperando que su beneplácito traiga un futuro mejor.
Lo que está en disputa no son tecnicismos presupuestarios, sino una frontera política y ética: decisiones que configuran el tipo de sociedad que queremos habitar. Una sociedad más o menos comprometida con la equidad, más o menos permeada por lógicas que exigen sacrificios humanos en nombre de indicadores macroeconómicos. La salud no se agota porque más personas la usen, y solo puede garantizarse si hay una decisión colectiva de hacerlo posible: a través del Estado, de políticas públicas, de redes solidarias. El mercado, por sí solo, no la va a garantizar.
