A medida que se acerca el fin de las facultades delegadas otorgadas al Gobierno por el Congreso, se han dado a conocer una serie de decretos que reestructuran y cierran diversos organismos e institutos. Estas decisiones, tomadas en los últimos días, han generado preocupación entre los trabajadores, quienes advierten que se trata de un “vaciamiento” de instituciones clave.
Entre los principales cambios, se destaca el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Esto significa el fin de las campañas educativas a nivel nacional, el control de las rutas y la asistencia a víctimas de siniestros viales. Además, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte pasará a ser la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, con una licitación de 9.120 kilómetros de ruta.
Desjerarquización de institutos clave
Otro de los cambios significativos es la desjerarquización de organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto de Vitivinicultura. Estos institutos perderán su autarquía y pasarán a ser “unidades organizativas”, lo que según los trabajadores implica un “vaciamiento” de estas instituciones.
Además, se eliminaron dependencias del área de agricultura, como los institutos nacionales de agricultura familiar, campesina e indígena. Estos cambios se suman a la eliminación de las delegaciones del Ministerio de Salud en las provincias y la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que buscará unificar la gestión de cinco hospitales nacionales.
Reacciones y preocupaciones
Estas decisiones han generado preocupación entre los trabajadores de los organismos afectados, quienes advierten que se trata de un “vaciamiento” de instituciones clave. Por ejemplo, en el sector pesquero, las cámaras de empresas de pesca de langostino señalan que atraviesan “la crisis más grave en la historia de la pesca argentina”, con unos cinco mil marineros sin trabajo y pérdidas de exportación superiores a los 200 millones de dólares.
A pesar de estos cambios, el Gobierno ha asegurado que no buscará una extensión de las facultades delegadas, lo que significa que estas reestructuraciones serán las últimas implementadas bajo este mecanismo. Ahora, el Congreso deberá retomar el debate y la aprobación de las iniciativas en estas áreas.
Conclusión
Las últimas decisiones del Gobierno antes del fin de las facultades delegadas han generado preocupación y cuestionamientos entre los trabajadores y expertos. Estos cambios, que incluyen el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la desjerarquización de institutos clave, plantean interrogantes sobre el futuro de estas instituciones y su capacidad para cumplir con sus funciones. A medida que se acerca el 9 de julio, el Congreso deberá retomar el debate y la aprobación de las iniciativas en estas áreas.
