Escándalo en la política argentina: Alberto Fernández denunciado por violencia de género y terrorismo psicológico
La política argentina se vio sacudida este martes con la confirmación de que el expresidente Alberto Fernández fue denunciado por su expareja, Fabiola Yáñez, por episodios de violencia de género cuando ambos convivían en la quinta presidencial de Olivos y por “terrorismo psicológico” en la actualidad, mientras ella reside en Madrid con el hijo que tienen en común.
La denuncia, que ha sido aceptada por el juez federal Julián Ercolini, ha llevado a que Fernández no pueda salir del país ni tener ningún tipo de contacto con Yáñez mientras avanza la causa. Esta resolución judicial destaca que Yáñez decidió hacer la denuncia debido a la presión y el acoso diario que sufría por parte del expresidente.
La denuncia tiene una precuela, vinculada con otra investigación que complica al exmandatario, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es la causa en la que Ercolini investiga si Fernández le facilitó negocios de intermediación financiera a su exsecretaria, María Cantero, y su pareja, Héctor Martínez Sosa.
En junio, cuando esto surgió durante las pericias sobre el teléfono de Cantero, contactaron a Yáñez, le ofrecieron denunciar, ella declinó y la causa fue archivada. Ayer, Ercolini la desarchivó.
Los últimos cuatro días, Alberto Fernández tuvo contactos de manera informal con periodistas en los que desmintió que haya ejercido violencia física sobre Yáñez. Este martes, con la denuncia radicada, publicó un brevísimo comunicado en sus redes sociales en el que aseguró que “la verdad de los hechos es otra” y que lo demostrará en el marco de la investigación judicial.
La denuncia, que seguirá su curso, ha sacudido el escenario político y ha sido aprovechada por La Libertad Avanza y el PRO para reflotar sus críticas sobre el Gobierno de Fernández y también sobre el colectivo feminista, al que han elegido como antagonista.
El dispositivo de comunicación digital paraoficial desplegó una fuerte campaña en redes, señalando a figuras, comunicadores y agrupaciones feministas por la responsabilidad de haber votado a una persona denunciada por violencia de género.
La operación apuntó a deslegitimar las políticas de género llevadas adelante durante la gestión de Fernández e impulsadas por el colectivo feminista haciendo uso de un recurso remanido pero muy eficaz: el cuestionamiento a las políticas no por su contenido sino por quien firmó el decreto o reglamentó la ley que las puso en marcha.
